Spain prioritises work-related mobility with new regulatory timeline

The recent approval of Royal Decree-Law 7/2026 introduces a significant change in the implementation of Spain’s Sustainable Mobility Law (Law 9/2025), substantially reducing the timeframe for companies to implement workplace mobility plans.

[Spanish version below]

Until now, the adaptation period was expected to be around two years from the entry into force of the law. Following this regulatory update, affected organizations now have only twelve months, with a deadline set for 5 December 2026. This change reinforces the priority that public authorities are placing on managing work-related mobility, in line with broader goals of decarbonisation, transport system efficiency and improved accessibility.

The obligation applies to workplaces with more than 200 employees, or more than 100 employees per shift, covering both private companies and public sector entities. As a result, a significant number of organizations are now required to act within a tighter timeframe, turning what was previously seen as a medium-term requirement into an immediate priority.

Beyond regulatory compliance, workplace mobility plans represent a shift in how organizations approach employee commuting. Their development involves analysing current mobility patterns, identifying inefficiencies and defining measures tailored to each specific context. This also includes engaging employees, coordinating with public authorities and setting up monitoring systems based on performance indicators.

In practice, a PMST is a structured, data-driven tool that enables organizations to move from unmanaged mobility to a more efficient and strategic approach. It typically starts with data collection through employee surveys and the analysis of origin-destination patterns, travel times and transport modes. This diagnostic phase provides a clear understanding of current mobility behaviour.

Based on this analysis, organizations can identify improvement opportunities, such as modal shift potential, route optimisation or the reduction of unnecessary trips. A set of targeted measures is then defined, which may include promoting public transport, carpooling, active mobility or organisational solutions such as remote working and flexible schedules.

These measures are consolidated into an action plan with defined priorities, timelines and responsibilities, supported by key performance indicators to monitor progress in terms of emissions reduction, efficiency and accessibility.

While a plan can typically be developed within a few months, the shorter deadline creates additional pressure, particularly for organizations that do not yet have structured data on employee mobility. In this context, early action becomes essential to avoid rushed or poorly adapted solutions.

Drawing on VTM’s experience of more than forty years in transport and mobility planning, these processes require both technical rigor and practical implementation. The goal is not only to comply with the regulation, but to ensure that the proposed measures deliver real improvements in efficiency, accessibility and sustainability.

Workplace mobility plans are also increasingly linked to broader corporate strategies, including ESG objectives, operational cost optimisation and employee experience. Mobility is therefore no longer a secondary issue, but an integral part of business management.

The reduction of the implementation period is not a minor adjustment, but a clear signal of the direction of mobility policy in Spain. Work-related mobility is moving to the forefront of the agenda, not just as an operational issue, but as a key lever for achieving a more efficient and low-emission transport system.

[ES]

Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo: nuevo plazo de 12 meses

La reciente aprobación del Real Decreto-ley 7/2026 introduce un cambio relevante en la aplicación de la Ley de Movilidad Sostenible (Ley 9/2025), reduciendo de forma significativa el plazo para que las empresas implementen sus planes de movilidad sostenible al trabajo.

Hasta ahora, el horizonte de adaptación se situaba en torno a los dos años desde la entrada en vigor de la ley. Con esta actualización normativa, las organizaciones afectadas disponen únicamente de doce meses, fijándose como fecha límite el 5 de diciembre de 2026. La modificación refuerza el carácter prioritario que la Administración está otorgando a la gestión de la movilidad laboral, en línea con los objetivos de descarbonización, eficiencia del sistema de transporte y mejora de la accesibilidad.

La obligación afecta a centros de trabajo con más de 200 empleados o más de 100 por turno, tanto en el sector privado como en el público. Esto sitúa a un número significativo de organizaciones ante la necesidad de actuar en un plazo más ajustado, convirtiendo lo que hasta ahora podía percibirse como una medida a medio plazo en una actuación inmediata.

Más allá del requisito legal, los planes de movilidad sostenible al trabajo implican un cambio en la forma en que las organizaciones abordan los desplazamientos de sus empleados. Su desarrollo requiere analizar los patrones actuales de movilidad, identificar ineficiencias y definir medidas adaptadas a cada realidad. A esto se suma la necesidad de incorporar la participación de los trabajadores, coordinarse con las administraciones y establecer mecanismos de seguimiento basados en indicadores.

En la práctica, un PMST es una herramienta que permite pasar de una movilidad no gestionada a un enfoque estructurado y basado en datos. Esto implica, en una primera fase, la recogida de información mediante encuestas a empleados y el análisis de los desplazamientos origen-destino, tiempos de viaje y modos de transporte utilizados. A partir de este diagnóstico, se identifican oportunidades de mejora, como el potencial de cambio modal, la optimización de rutas o la reducción de desplazamientos innecesarios.

Sobre esta base, se define un conjunto de medidas que pueden incluir desde el fomento del transporte público, el uso compartido del vehículo o la movilidad activa, hasta soluciones organizativas como el teletrabajo o la flexibilidad horaria. Estas medidas se estructuran en un plan de acción con prioridades, calendario y responsables, y se acompañan de indicadores que permiten evaluar su impacto en términos de emisiones, eficiencia y accesibilidad.

Aunque el desarrollo de un plan puede completarse en unos pocos meses, la reducción del plazo introduce una presión adicional, especialmente en aquellas organizaciones que no disponen todavía de información estructurada sobre la movilidad de sus empleados. En este contexto, la anticipación se vuelve clave para evitar soluciones apresuradas o poco ajustadas.

Desde la experiencia de VTM, con más de cuarenta años trabajando en planificación de transporte y movilidad, este tipo de procesos requiere un enfoque técnico riguroso, pero también práctico. El valor no está únicamente en cumplir con la normativa, sino en asegurar que las medidas propuestas funcionen en la práctica y aporten mejoras reales en eficiencia, accesibilidad y sostenibilidad.

Además, estos planes están cada vez más vinculados a estrategias corporativas más amplias, como los objetivos ESG, la optimización de costes operativos o la mejora de la experiencia del empleado. En este sentido, la movilidad deja de ser un aspecto secundario para convertirse en un elemento relevante dentro de la gestión empresarial.

La reducción del plazo no es un ajuste menor, sino una señal clara de la dirección que está tomando la política de movilidad en España. La movilidad al trabajo pasa a situarse en el centro de la agenda, no solo como una cuestión operativa, sino como una palanca relevante para avanzar hacia un modelo más eficiente y bajo en emisiones.